La geografía fronteriza entre Villazón y La Quiaca no solo es un punto de intercambio comercial, sino también el escenario de una disputa que evidencia las fragilidades legales y la tensión social en la Puna. El caso de Gladys Huallpa, una comerciante local que asegura haber sido estafada por una transportista argentina, pone de manifiesto un conflicto que trasciende lo privado para convertirse en un incidente de ribetes internacionales y policiales.
El foco de la tensión es un camión de carga con patente argentina, el cual permanece inmovilizado en la avenida Antofagasta de Villazón. La medida, de carácter extralegal pero desesperada, fue tomada por Huallpa tras identificar el vehículo perteneciente a Liliana Rojas, a quien acusa de haber recibido transferencias de dinero para una carga de arroz que nunca fue entregada ni reembolsada. «Es de lo único que me puedo agarrar», sostiene la denunciante, quien afirma poseer comprobantes bancarios y audios que acreditan la deuda.
La narrativa se complica con acusaciones de violencia cruzada. Huallpa relata un altercado previo donde, según su testimonio, fue amenazada con un arma blanca por Rojas, lo que derivó en una intervención de la fuerza pública y una breve detención de la ciudadana argentina. A su vez, la comerciante boliviana desmiente versiones de agresiones al vehículo y aclara la situación de su esposo, un efectivo policial, asegurando que se mantuvo al margen para evitar sospechas de abuso de autoridad.
Desde una perspectiva federal, este episodio refleja la cotidianeidad de una frontera donde la confianza suele ser la moneda de cambio y, ante su quiebra, las instituciones suelen llegar tarde. La intervención de los consulados de ambos países y el presunto abandono de la defensa legal por parte de la abogada de la transportista argentina —quien habría instado a su clienta a devolver el dinero— añaden una capa de incertidumbre al desenlace.
Más allá de la anécdota, el caso plantea un interrogante profundo sobre la seguridad jurídica de los pequeños comerciantes que operan en el NOA y el sur boliviano. Mientras el camión permanezca detenido, el conflicto seguirá siendo un recordatorio de que, en la frontera, la justicia a veces se busca por mano propia ante la percepción de una impunidad que no reconoce nacionalidades.
