El caso de una usuaria que, tras padecer un «calvario» de 322 días para obtener una conexión de internet y ser víctima de cobros indebidos, logró un fallo condenatorio contra una gigante de las telecomunicaciones, no es solo una noticia judicial porteña. Es, en esencia, un espejo del drama cotidiano que atraviesa la Quebrada de Humahuaca.
Mientras en los tribunales de Buenos Aires se dictaminan daños punitivos, aquí, en el corazón del mundo andino, la desconexión no es una demora técnica; es una brecha de ciudadanía. El fallo, que obliga a la empresa a resarcir a la cliente por el incumplimiento contractual y el trato indigno, resuena con fuerza en localidades como Tilcara, Maimará o Purmamarca.
En nuestra región, la «espera» de la que habla el expediente se multiplica por las dificultades geográficas y el desinterés comercial de los grandes prestadores. La condena judicial pone el foco en el «trato indigno», un concepto que para el habitante de la Quebrada es moneda corriente: facturas que llegan a tiempo para servicios que nunca funcionan y un sistema de atención al cliente que parece ignorar que más allá de la General Paz también hay necesidades productivas y educativas.
Como diría un análisis profundo de la realidad federal, la infraestructura digital es hoy el nuevo «ferrocarril» del siglo XXI. Sin internet estable, el artesano de Maimará no puede exportar, el estudiante de Tilcara queda fuera de la formación universitaria y el sector turístico pierde competitividad. Este fallo judicial debe ser leído por los jujeños como un precedente vital: el derecho al acceso a la información y el respeto al consumidor no mueren en los cerros. Es hora de que el rigor de la ley nacional empiece a nivelar la cancha para que la Quebrada no sea solo un paisaje de postal, sino un territorio con plena conectividad y derechos respetados.
