El Carnaval de la Quebrada, históricamente un emblema de la cultura federal, enfrenta hoy una crisis de institucionalidad que trasciende lo festivo para entrar en el terreno judicial. El caso de la comparsa «Los Picaflores» en Humahuaca actúa como un prisma de esta degradación: entre embargos por deudas de gestiones anteriores —que alcanzarían los 16.000 dólares— y medidas cautelares, la entidad se encuentra en un laberinto legal que empaña su prestigio.
La problemática central radica en la brecha entre la opulencia de las carteleras anunciadas y la insolvencia financiera alegada ante la Justicia. Mientras ex directivos como Ezequiel Villa y la actual conducción se cruzan acusaciones por la responsabilidad de los pasivos, el público se encuentra con artistas que no se presentan y organizaciones que no brindan respuestas oficiales. Esta falta de profesionalismo y la precariedad de las personerías jurídicas no solo lesionan el patrimonio cultural jujeño, sino que configuran una falta de respeto al turista y al ciudadano que sostiene la economía regional. La justicia jujeña ahora debe determinar si se trata de una administración deficiente o de una estructura de impunidad detrás del festejo popular.
