La reciente resolución de la Superintendencia de Servicios Públicos y Otras Concesiones (Susepu) de Jujuy no es un mero trámite administrativo; es la radiografía de un problema sistémico en el interior profundo de la Argentina. La sanción a la distribuidora eléctrica Ejesa, por una cifra que supera los 1.011 millones de pesos, pone sobre la mesa el persistente déficit de infraestructura que históricamente ha castigado a nuestras provincias.
Los datos son elocuentes y se desprenden del Expediente N.º 0630-120/2026: durante el primer semestre de 2023, la concesionaria superó ampliamente la frecuencia y duración de cortes permitidos en los sistemas urbanos, rurales y aislados. Detrás de las frías auditorías técnicas estatales, existe una realidad social palpable. Son comerciantes que pierden su capital, comunidades marginadas y familias que ven afectada su calidad de vida por un suministro ineficiente.
La Susepu ordene que el monto de la multa sea acreditado directamente a los usuarios en las próximas facturas representa, sin dudas, un avance del control estatal para resarcir el daño.
Sin embargo, el análisis crítico exige ir más allá. La pregunta estructural persiste: ¿Resultan suficientes estas sanciones económicas retroactivas para garantizar un cambio real en la matriz de inversión energética? El Estado jujeño ha dado una señal de firmeza; ahora le corresponde a Ejesa demostrar si su modelo de gestión está a la altura de lo que el desarrollo del Norte argentino demanda.
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