El ardid no es nuevo, pero la sofisticación del engaño vuelve a poner en jaque la seguridad ciudadana en el interior del país. En la provincia de Jujuy, una mujer fue víctima de una maniobra de ingeniería social telefónica mediante la cual le sustrajeron 300.000 pesos tras recibir el llamado de un delincuente que simuló ser un juez.
La mecánica combinó intimidación institucional y urgencia operativa: bajo el ropaje de una supuesta notificación o resolución judicial perentoria, el interlocutor indujo a la víctima a realizar transferencias bancarias directas. El caso expone una vulnerabilidad recurrente que trasciende la geografía norteña: el aprovechamiento de la asimetría de información y el temor reverencial hacia la autoridad judicial para quebrar los recaudos preventivos elementales.
Especialistas judiciales y fuerzas de seguridad reiteran que ningún magistrado, funcionario o auxiliar de la Justicia solicita movimientos de fondos, claves bancarias ni transferencias por vía telefónica o canales informales. La causa quedó radicada en sede penal para rastrear la trazabilidad de las cuentas receptoras, en un escenario donde la prevención ciudadana y la desconfianza metódica continúan siendo la primera línea de defensa frente al delito digital.
