En el complejo ajedrez político de Jujuy, la deuda histórica de una Ley de Coparticipación Municipal no es solo una omisión administrativa, sino una herramienta de disciplinamiento político. Lo que escuchamos en las recientes declaraciones de Omar actual concejal del Concejo Deliberante de Tilcara.
El eje del reclamo radica en la arbitrariedad. Como bien se desprende del testimonio, la ausencia de una norma clara que distribuya los recursos bajo parámetros objetivos (población y territorio) convierte a los intendentes y comisionados municipales en «rehenes» del Ejecutivo provincial. Esta estructura, calificada casi como «impresentable» en términos institucionales, fomenta un sistema de dependencias que atenta contra la transparencia y el orden fiscal.
Desde una perspectiva histórica, el planteo no es nuevo, pero adquiere una gravedad renovada ante el crecimiento del gasto público y el sobredimensionamiento de las plantillas municipales. El testimonio es elocuente: sin una ley de reparto, el ciudadano común asiste a un desfile de nombramientos y movimientos económicos que nunca rinden cuentas. La transparencia no es aquí un eslogan, sino una necesidad urgente para evitar que los fondos públicos se conviertan en moneda de cambio electoral.
En este escenario, proyectos como «Con mis manos» o las celebraciones por los 40 años de los Talleres Libres de Maimará —mencionados en la agenda regional— emergen como el reverso de la moneda: la vitalidad de una sociedad civil que, pese al desorden institucional, intenta rescatar su identidad y legado ancestral. Sin embargo, para que ese potencial cultural y social de la Quebrada se traduzca en desarrollo real, es imperativo que la política jujeña abandone el uso discrecional de la caja y salde, de una vez por todas, su deuda con la autonomía municipal. La institucionalidad es el único camino para que el «crecimiento» no sea solo una cifra en un presupuesto opaco, sino un beneficio tangible para los habitantes de los cerros.
