Desde una perspectiva de rigor institucional, el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de Jujuy respecto al caso de la concejal electa Marcela López no es simplemente una resolución judicial aislada; es un recordatorio contundente de la jerarquía constitucional sobre las autonomías municipales, a menudo viciadas por lógicas de caudillismo local.
La orden de la Corte, que exige la asunción de López en un plazo perentorio de diez días bajo apercibimiento de sanciones económicas, pone fin a un periodo de incertidumbre y —podría decirse— de anomalía democrática en el Concejo Deliberante quiaqueño.
Los Ejes Clave del Conflicto
Para entender la profundidad de esta medida, debemos desglosar los elementos que definen esta crisis:
El Respaldo Judicial: La medida cautelar favorable ratifica que el Tribunal Electoral de la Provincia es el único órgano con competencia originaria para validar títulos. Cuando un cuerpo legislativo impide sistemáticamente el ingreso de un par ya proclamado, incurre en una sedición institucional que la Corte ha decidido cortar de cuajo.
La Tensión en Frontera: La Quiaca no es cualquier municipio. Es un enclave estratégico donde la política local suele estar atravesada por tensiones de alta intensidad. La demora en la asunción de López se interpretó en círculos políticos jujeños como una maniobra de dilación para mantener equilibrios de poder que no se corresponden con el resultado de las urnas.
El Apercibimiento Económico: La justicia jujeña ha subido la apuesta. Al imponer sanciones pecuniarias al Poder Legislativo local, traslada la responsabilidad política al bolsillo de la institución (y potencialmente de sus integrantes), buscando que el costo de la desobediencia sea mayor al beneficio de la obstrucción.
El fallo tiene fecha del 18 de febrero. Con la notificación vía Juez de Paz, el reloj de la democracia quiaqueña empieza a correr. Cualquier intento de «chicana» administrativa por parte del Concejo solo profundizará la crisis de legitimidad del cuerpo.
