La administración del suelo público en la Quebrada de Humahuaca volvió a encender las alarmas institucionales. Frente a las acusaciones del Concejo Deliberante por la presunta cesión irregular de terrenos fiscales a un particular, la intendenta Sonia Pérez salió a dar explicaciones públicas. La mandataria reconoció que pudo haber cometido un «error en el apuro», aunque justificó su accionar en la necesidad perentoria de despejar la traza de la obra del Parque Lineal.
El argumento oficial pivota sobre la asfixia operativa y los costos que enfrentan las comunas del interior: según detalló Pérez, demorar la desocupación del predio implicaba pagar sobrecostos por el alquiler de maquinaria pesada y el encarecimiento diario del combustible. «A veces el Concejo Deliberante puede criticar, pero hay que dar soluciones», retrucó la jefa comunal, rechazando cualquier sospecha de dolo o favoritismo premeditado.
El conflicto desnuda, no obstante, una contradicción sensible en una región tensionada por el acceso a la tierra: la intendenta aclaró que el espacio asignado como depósito temporal es un sector colindante a un basural y sobre una playa de río, expresamente catalogado como no urbanizable ni apto para la residencia. Aunque admitió la gravedad del déficit habitacional tilcareño, descartó de plano que allí puedan radicarse familias.
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