La escena política y judicial argentina, siempre propensa a los movimientos tectónicos, ha sumado en las últimas horas un capítulo definitivo en el largo historial de Milagro Sala. A diez años de su detención inicial y con una condena que ya tiene el sello de «cosa juzgada» por la Corte Suprema, el Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, ha tomado una decisión que no solo busca impacto jurídico, sino un fuerte mensaje político hacia el interior del país y los organismos internacionales.
El pedido formal: Adiós a la domiciliaria
El Ministerio de Justicia ha solicitado formalmente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el levantamiento de las medidas provisionales que, desde 2017, resguardaban la prisión domiciliaria de la dirigente de la Tupac Amaru. El argumento oficial es de una sobriedad cortante: la excepcionalidad no puede ser eterna. Con una condena firme de 15 años de prisión por asociación ilícita y fraude a la administración pública (causa «Pibes Villeros»), el Estado argentino sostiene que los beneficios de permanencia en su domicilio —actualmente en La Plata— han perdido sustento frente a la firmeza de la pena.
Una mirada desde el Norte: El peso de lo local
Para el lector jujeño, esta noticia no es solo un despacho judicial desde Buenos Aires; es el cierre de una era que definió la fisonomía política de la provincia durante una década. Mientras el gobierno nacional de Javier Milei endurece su discurso bajo la premisa de que «los derechos humanos no son un blindaje para la impunidad», en San Salvador de Jujuy y en el corazón de la Quebrada se lee con otra lupa.
El Poder Judicial de Jujuy ha sido, en esta trama, un actor persistente. La acumulación de causas y la ratificación de las sentencias por parte de los tribunales locales fueron el cimiento sobre el cual hoy se apoya el pedido de cárcel común. Sin embargo, no hay que perder de vista el componente humanitario que la defensa de Sala —y organismos como el CELS— esgrimen: un cuadro de salud física y psíquica que, según su entorno, se agravó tras su reciente internación en el hospital de Gonnet.
Análisis final
Estamos ante un choque de cosmovisiones. Por un lado, una gestión central que busca «desideologizar» la justicia y aplicar el rigor de la ley sin matices territoriales. Por otro, una red de organizaciones sociales que ven en Sala el último bastión de un modelo de construcción territorial que el Estado decidió desmantelar.
Lo que queda claro es que la Argentina de 2026 no admite más zonas grises en este caso. El pedido de traslado a cárcel común es el último movimiento de una partida de ajedrez que comenzó en aquel enero de 2016 con un acampe frente a la gobernación jujeña. Hoy, con la Corte Suprema habiendo agotado su palabra, el destino de Sala parece alejarse definitivamente de la comodidad del domicilio para enfrentarse a la frialdad de los pabellones.
Para el Norte argentino, la resolución de este caso será, finalmente, la medida del éxito o el fracaso de una transición institucional que buscó dejar atrás el esquema de las «organizaciones paraestatales». La pregunta que queda flotando es si el sistema carcelario podrá garantizar la integridad de una figura que, aún hoy, sigue dividiendo aguas con la fuerza de un rayo.
