En la magnética Quebrada de Humahuaca, la modernidad estatal choca de frente con el subdesarrollo estructural. El gobierno jujeño confirmó que instalará 53 cámaras de videovigilancia equipadas con inteligencia artificial en la localidad de Tilcara. Esta medida integra un ambicioso plan de descentralización en materia de seguridad impulsado por el gobernador Carlos Sadir, en articulación con la intendenta local, Sonia Pérez.
Sin embargo, el repentino desembarco de este panóptico digital expuso la profunda fractura entre las prioridades del poder político y las urgencias ciudadanas. Los vecinos reaccionaron inicialmente con desconcierto y costumbrismo, ironizando sobre un «Gran hermano» pueblerino que fulminará la privacidad barrial.
El debate de fondo, no obstante, es netamente institucional. Los vecinos revela un reclamo social por infraestructura básica: en lugar de vigilancia preventiva, los contribuyentes exigen alumbrado decente en la ruta de YPF, reparación de calles destrozadas y, con notable acidez cívica, sugieren apuntar las flamantes cámaras hacia la municipalidad para auditar el trabajo de los concejales. El malestar estructural por la basura y el accionar de los inspectores comerciales.
La paradoja del interior argentino queda así brutalmente expuesta: el Estado promete algoritmos predictivos del primer mundo, mientras el vecino de a pie sigue lidiando con la desidia del tercero.
