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lunes, febrero 26, 2024
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Indagan a 90 imputados por los hechos de violencia en Jujuy y buscan a los “cerebros” de los incidentes

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La Justicia jujeña planifica elevar a los acusados a juicio oral en 15 días. Por los delitos de los que se los acusa, algunos podrían sufrir severas condenas. Dirigentes K y de izquierda denunciaron violencia policial.

La fiscalía de Jujuy indagará en los próximos días a los 90 imputados por los violentos incidentes ocurridos en Purmamarca el sábado 17 y el martes 20 en la legislatura provincial y estima mandarlos a juicio oral en 10 ó 15 días más, cuando podrían sufrir severas condenas.

Después de indagar a los acusados de atacar policías, romper edificios públicos y cortar rutas, la fiscalía en base al cruce de las llamadas de los celulares secuestrados tratará de ubicar a los “organizadores e instigadores” de los incidentes, reveló una alta fuente judicial jujeña a Clarín.

Los incidentes dejaron un saldo de más de 70 heridos, entre policías y manifestantes, seis automóviles quemados con bombas Molotov y la destrucción parcial de la legislatura local, canal 7, una radio y comercios del centro de San Salvador de Jujuy.

De esos cruces, depende que el peso de la justicia recaiga solo en los militantes que estuvieron sobre el terreno o, también, sobre los “cerebros” que distribuyeron dinero, enviaron micros y ordenaron tirar molotovs, según la denuncia del gobierno jujeño. De la misma forma, si se comprueba que hubo excesos policiales contra los manifestantes.

una radio de Jujuy fue atacada a piedrazos el martes 20 en junio de 2023. Foto entregada por la policía a la justicia.una radio de Jujuy fue atacada a piedrazos el martes 20 en junio de 2023. Foto entregada por la policía a la justicia.

La denuncia de Morales

El gobernador de Jujuy y precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Gerardo Morales, fue más allá y denunció un intento de “destitución” de su gobierno para permitir la excarcelación de Milagro Sala, mientras que desde el Gobierno nacional se habló de “represión policial”.

El ministro de Seguridad de Jujuy, Guillermo Corro, explicó que “el celular habla por sí solo y no me cabe ninguna duda que del cruce de las líneas van a salir los contactos que nosotros sospechamos y que de alguna manera todas las evidencias nos conducen a un plan premeditado”.

“Esto estaba organizado. Había personas de distintas organizaciones sociales y de la Tupac Amaru de Sala, de la CCC y del Polo Obrero. Además, había gente de otras provincias. Hubo tres porteños que fueron detenidos“, agregó Corro en declaraciones radiales.

Las causas contra esos 90 imputados están a cargo de los fiscales especializados en Delitos Económicos y contra la Administración Pública N° 1, Walter Rondón; y Diego Funes, y la Fiscalía de Política Criminal, a cargo de Rodrigo Fernández Ríos. Todos ellos dependen del jefe de los fiscales jujeños, Sergio Lello Sánchez.s

Todos los imputados se encuentran ya en libertad y se les recibió y fijó audiencias para la recepción de sus declaraciones defensivas o indagatorias.

Los incidentes

Los incidentes comenzaron el sábado 17 en el corte de ruta nacional, a la altura de la localidad de Purmamarca, donde está el fantástico cerro Siete Colores, y donde hubo destrozos en carteles de señalización y en las vías del ferrocarril y hubo agresiones a piedrazos contra el personal policial.

Autos quemados y dados vuelta el 20 de junio en Jujuy.Autos quemados y dados vuelta el 20 de junio en Jujuy.

Los manifestantes protestaban contra el artículo 67 de la nueva Constitución jujeña que prohíbe el corte de rutas y la toma de edificios públicos y dos artículos referidos a los derechos de los pueblos originarios.

Por esos hechos de violencia fueron imputadas 25 personas por los siguientes delitos: “Entorpecimiento de transportes y servicios” (artículo 194); “daños a bienes de uso público” (artículo 184); y “resistencia a la autoridad” (artículo 239)”.

Además, se los acusa de “lesiones leves y graves doblemente agravadas contra miembros de las fuerzas de seguridad pública, 46 hechos”. En este caso, los fiscales imputaron a la diputada provincial Natalia Moreira del PTS-Frente de Izquierda.

Además, por los incidentes del martes 20 en la legislatura -donde se acababa de jurar la nueva Constitución- se imputó a otras 65 personas por casi los mismos delitos registrados en Purmamarca que, si se prueba, resultarán en graves condenas.

Pero en este último caso es más grave porque “los hechos consistieron en un intento de impedir la actividad de la Convención Constituyente, el enfrentamiento con personal policial, los destrozos e incendio en el Anexo Subsuelo de la Legislatura, poniendo en peligro archivos y la Biblioteca de la Legislatura”, dice la denuncia de los fiscales.

Además, hubo “daños en seis vehículos; enfrentamiento con personal policial (46 efectivos lesionados) y los destrozos en locales comerciales ubicados en la esquina de las calles Dorrego y José de la Iglesia, en el barrio Gorriti; y los daños en el llamado Ascensor Urbano y en el edificio de Radio Visión Jujuy.

Uno de los imputados por estos últimos hechos es Víctor Gustavo Emanuel Camara, el dueño de la mochila donde la policía encontró $ 31.000 pesos y 500 dólares en efectivo. Y que, según el gobernador Morales, servían para “repartir 5 mil pesos” a todos los que se quedaran y continuarán participando del enfrentamiento.

“Hay una extrema violencia, de la cual el kirchnerismo, La Cámpora y la izquierda hicieron una forma de vida. Quieren reinstalar esto en Jujuy, pero no lo vamos a permitir”, expresó Morales.

Policías heridos en los incidentes de junio de 2023 en Jujuy.Policías heridos en los incidentes de junio de 2023 en Jujuy.

El gobernador afirmó que las declaraciones del presidente Alberto Fernández y de la vicepresidenta Cristina Kirchner, tras los incidentes, constituyen “actitudes golpistas al avalar la toma de la Legislatura, que es lo mismo que hizo (Donald) Trump y (Jair) Bolsonaro”.

En sintonía con Morales, el ministro de Seguridad Corro dijo, además, que “hemos aportado a los fiscales elementos de prueba, filmaciones, declaraciones, todo lo que conlleva una investigación de esta naturaleza”.

En cambio, el diputado nacional del PTS – FIT, Nicolás del Caño, quien estuvo la semana pasada en Jujuy, denunció que “la policía de Gerardo Morales utilizó gases lacrimógenos vencidos y balas de goma para reprimir al pueblo que se expresa en las calles rechazando la reforma reaccionaria de la UCR y el PJ”.

Uno de los comercios atacados a piedrazos durante los incidentes del 20 de junio de 2023Uno de los comercios atacados a piedrazos durante los incidentes del 20 de junio de 2023

Y desde el CELS -una organización de derechos humanos cercana al Gobierno- se afirmó que “la arbitrariedad y la violencia policial caracterizaron todos los operativos de la última semana”.

“Entre las personas heridas un hombre fue impactado en su cabeza por una granada de gas. Policías dispararon balas de goma contra manifestantes desde arriba de edificios, como francotiradores. Camionetas sin identificación (policial) trasladaron efectivos con sus caras cubiertas que detuvieron gente en la calle y allanaron viviendas”, agregó el CELS en un comunicado.

Al mismo tiempo, “el gobernador en persona puso a circular noticias falsas para intentar instalarse como víctima de una violencia organizada “desde afuera” (desde Buenos Aires o desde Bolivia)”.

En ese contexto, el Gobierno nacional se negó a que las fuerzas de seguridad federales, como la Gendarmería, intervinieran en el conflicto pese a que se cortaban también rutas nacionales, pero mandó al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, entre otros a apoyar a los manifestantes.

Foto: Fernando de la Orden / Enviado Especial - Un grupo de dirigentes de comunidades de pueblos originarios realizan el corte de la ruta 9 a la altura de Purmamarca en contra de la reforma de la constitución provincial de Jujuy.Foto: Fernando de la Orden / Enviado Especial – Un grupo de dirigentes de comunidades de pueblos originarios realizan el corte de la ruta 9 a la altura de Purmamarca en contra de la reforma de la constitución provincial de Jujuy.

Incluso, envió una delegación de una llamada Misión de Solidaridad Internacional y derechos humanos que denunció “la violencia ejercida por la policía jujeña en las represiones a manifestantes”. Uno de los miembros de esa misión fue Leonardo Pérez Esquivel, del Servicio Paz y Justicia (Serpaj) y funcionario de la Auditoría General de la Nación. Organismos de derechos humanos, como el CELS, fueron la fuente que llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a emitir el miércoles una advertencia sobre la supuesta violación del gobierno jujeño de los estándares de la OEA y la ONU para contener protestas. Pero esa es otra historia.

Fuente: Clarin

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