La problemática de las tarifas de los servicios públicos, recurrentemente analizada desde las frías variables macroeconómicas de la Capital Federal, adquiere una fisonomía mucho más compleja y dramática cuando se la observa con una verdadera visión federal, allí donde las asimetrías del interior del país exponen las debilidades de los controles estatales. El caso más reciente y paradigmático se está desarrollando en la Quebrada de Humahuaca, donde el Concejo Deliberante de Tilcara ha decidido avanzar de forma institucional frente al generalizado malestar social por el denominado «tarifazo» eléctrico.
El origen del conflicto y el «entramado» bajo sospecha
La controversia, que viene arrastrándose desde finales del año pasado, sumó un nuevo capítulo institucional tras la difusión de denuncias vecinales que apuntan de forma directa contra la Empresa Jujeña de Energía Sociedad Anónima (EJESA) y los organismos llamados a regularla. Según los testimonios recolectados en sede comunal, diversos sectores de la ciudadanía sostienen una hipótesis severa: la Superintendencia de Servicios Públicos y Otras Concesiones (SUSEPU), el Poder Ejecutivo provincial y ciertos estamentos de la justicia local actuarían con una laxitud regulatoria que termina favoreciendo los intereses de la prestataria privada.
Los hechos bajo análisis se remontan formalmente a presentaciones efectuadas durante el período legislativo de 2025. En aquel momento, usuarios locales impugnaron la incorporación de dos conceptos específicos dentro de las boletas de luz: la denominada Contribución Única de Alumbrado Público y el canon por la Ocupación del Espacio Aéreo o Subterráneo. La médula del argumento ciudadano posee un indiscutible rigor técnico: los tributos por el uso y usufructo del espacio público comunal deberían ser absorbidos por la rentabilidad de la compañía concesionaria y no ser trasladados directamente en cascada hacia el consumidor final.
Intimidación legal y reacción institucional
La respuesta de EJESA ante el cuestionamiento público no tardó en judicializarse mediante mecanismos de presión epistolar. La empresa remitió cartas documento intimando a los denunciantes a cesar en sus declaraciones públicas. En dichas misivas, la prestataria argumentó que el cobro de la contribución por alumbrado no responde a una arbitrariedad, sino al «estricto cumplimiento de un entramado normativo de orden público».
Es precisamente en este punto donde la mirada crítica del periodismo de investigación debe detenerse. Lo que la empresa califica como «orden público», los representantes vecinales lo interpretan como una arquitectura legal diseñada a medida de los intereses corporativos, configurando lo que catalogan preliminarmente como una presunta defraudación fiscal en perjuicio del erario y de los habitantes de la provincia.
Ante la gravedad de la situación, el plano político local se vio obligado a reaccionar. El Concejo Deliberante de Tilcara ha dispuesto la conformación de una Comisión Extraordinaria de Investigación. Este cuerpo especial tendrá la misión específica de fiscalizar, auditar y desentramar los mecanismos de facturación de EJESA. Se prevé que la próxima semana se reciba la resolución formal con la designación de sus autoridades para dar inicio a las auditorías. El horizonte explícito de esta iniciativa es ambicioso y busca generar un precedente regional: la eliminación definitiva de estos cánones en las facturas de los usuarios ordinarios.
