La legalización de las aplicaciones de transporte en San Salvador de Jujuy, ratificada por Lisandro Aguiar, pone en evidencia una asimetría crítica con la Quebrada. Mientras la capital formaliza la economía de plataformas, en Tilcara, Maimará y Humahuaca reina una zona gris de servicios por redes sociales y «motomandados» que operan sin marco legal.
El nudo del conflicto es la selectividad del servicio tradicional. Como reflejan las quejas vecinales, durante el Carnaval o temporada alta, los remiseros suelen priorizar viajes de larga distancia —más rentables—, dejando al residente local desamparado para trayectos cortos. Este vacío es el que hoy llenan las apps y servicios informales.
Una eventual habilitación en la región tendría tres efectos clave:
Seguridad: Pasar de la clandestinidad de un mensaje de Facebook a la trazabilidad del GPS y la identidad verificada.
Competencia: Obligar al sector tradicional a modernizarse ante un usuario que demanda disponibilidad 24/7.
Equidad: Garantizar que el transporte sea un servicio público real y no un beneficio discrecional según la rentabilidad del viaje.
Los concejos deliberantes locales no pueden ignorar que la tecnología ya desembarcó. El desafío es regular para integrar, asegurando que la modernidad no sea un privilegio de la capital, sino una solución para el vecino de la Quebrada.
Tilcara, Maimará y Humahuaca necesitan una movilidad federal y moderna. La legalización en la Capital ha dejado la vara alta; ahora resta saber si los ediles de la Quebrada tendrán el coraje de legislar para el vecino común o si seguirán permitiendo que el transporte sea un privilegio de unos pocos según la conveniencia de la temporada.
